Después de las manifestaciones que tuvieron inicio el pasado el 28 de abril del 2021 y las múltiples denuncias ante la ONU por el exceso de fuerza y abuso desproporcionado de la misma, crímenes sexuales y muertes, por parte de las autoridades durante las manifestaciones que se presentaron en todo el país. La ONU puso en marcha un proceso investigativo en el cual logro demostrar que el 44 de 46 asesinatos fue a civiles y 2 de ellos a miembros de la fuerza pública, además logro con su investigación demostrar que en la mayoría de los casos las manifestaciones fueron pacíficas hasta que gracias al exceso de fuerza aplicado por la policía, causando que las movilizaciones se dispersaran, pero ¿A qué costo? Violentando el derecho a la libre expresión que es un derecho de cada ser humano.

Como conclusión, la ONU Solicito al gobierno colombiano 3 acciones de suma importancia: Reparación a las víctimas y familiares, garantizar que las personas involucradas reciban la sanción justa por sus actos y garantizar que las instituciones encargadas de gestionar las protestas se ciñan a las normas internacionales de derechos humanos y solo como último recurso utilicen las armas de fuego.

Pero la pregunta real es, ¿El gobierno colombiano realmente acatará las órdenes dictadas por la ONU?